“Este tipo de bienestar, el de la superestructura productiva que descansa sobre la base desgraciada de la sociedad, impregna a los «mass-media» que constituyen la mediación entre los amos y sus servidores. Sus agentes de publicidad configuran el mundo de la comunicación en el que la conducta «unidimensional» se expresa. El lenguaje creado por ellos aboga por la identificación y la unificación, por la promoción sistemática del pensamiento y la acción positiva, por el ataque concertado contra las tradicionales nociones trascendentes.
[...]
Los conceptos de autonomía, descubrimiento, demostración y crítica dan paso a los de designación, aserción e imitación. Elementos mágicos, autoritarios y rituales cubren el idioma. El lenguaje es despojado de las mediaciones que forman las etapas del proceso de conocimiento y de evaluación cognoscitiva. Los conceptos que encierran los hechos y por tanto los trascienden están perdiendo su auténtica representación lingüística.”

Herbert Marcuse; El hombre unidimensional; capítulo cuarto, “El lenguaje de la administración total”. Traducción de Antonio Elorza para la editorial Seix Barral.



Ya en 1964, el filósofo alemán Herbert Marcuse denunció como la posibilidad de generar industrialmente eslóganes hipnóticos sobre la población, permitía manipular el lenguaje, los conceptos y, por tanto, buena parte de las conductas y pensamientos de la sociedad. En el fragmento que inicia este apunte, el autor germano denuncia como los mensajes de los “mass-media” potencian una conducta unidimensional en la inmensa mayoría de la sociedad. Los anuncios, la información de los telediarios, las series nacionales y extranjeras... nos inculcan ciertos valores, deseos, aspiraciones e impide que podamos soñar esa otra vida que podríamos vivir si no fuera tan importante comprarse algún artefacto inútil, las vicisitudes sexuales de los famosos o quién ganará el próximo partido del siglo. Los media invaden nuestro espacio mental anulando, con sus promesas de más y más felicidad, otro pensamiento que no sea el repetido por los amos de la sociedad.

Denunciaba también Marcuse cómo los conceptos pierden sus representaciones lingüísticas. Efectivamente, para los medios de propaganda, ser libre es poder contratar más canales de televisión; conducir un coche más veloz; o poder comprarse una crema para parecer joven. La sociedad unidimensional se caracteriza por su afán de concretizar lo real, hacer del hecho la verdad. El lenguaje se torna en un recurso totalitario que representa ante nosotros mentiras evidentes pero inculcadas como válidas desde nuestra niñez.

Ejemplo de este uso del lenguaje y la normalización de la mentira, es una de las últimas campañas de publicidad del sorteo Euromillones. El eslogan escogido no puede ser más claro: “La libertad es el premio”. Es falso, evidentemente, que la libertad te la conceda un papel con números impresos; nunca ha sido así. Todos entendemos lo que quieren decir los publicistas tras ver el anuncio: la libertad se consigue teniendo dinero para sustraerse de las obligaciones laborales; un trabajador honrado no puede obtener tal cantidad de dinero trabajando; por tanto, jugar a juegos de azar es la opción más factible para alcanzar la libertad. No obstante, descubrimos el engaño cuando comprendemos que “libertad” es mucho más que no trabajar o poder comprarse un yate. ¿Ganar un premio en la lotería me va a liberar de la crisis económica o de los parásitos que la generaron? Es obvio que no, pero el concepto de libertad política aparece en el imaginario del hombre unidimensional como algo irreconocible y romántico ya que ha sido inducido por la propaganda a creer que la palabra “libertad” hace referencia a la satisfacción de un capricho o lujo superfluo y no puede entender esa palabra fuera de ese contexto de referencia. Así, con el vaciamiento del sentido trascendente de los valores, el control del pensamiento se hace total. La diferencia se reproduce al margen y es neutralizada por el ruido de la información generada industrialmente.

imagen extraída de: http://manodemandioca.blogspot.com.es/2010/09/la-paralisis-de-la-critica-una-sociedad.html

Hace unas semanas algunos políticos españoles extendieron por los medios la idea de que una organización ciudadana que reclamaba el derecho a la vivienda era E.T.A. o pertenecía a su entorno. El paralelismo es arriesgado pero no era, ni será, la primera vez que dentro de las fronteras del estado español se identifica a tal o cual grupo con la banda comunista; tales han sido los excesos en estas extrapolaciones que hoy parece ser que, excepto los miembros del partido en el gobierno, todos somos de la E.T.A. Pero ¿por qué detenernos ahí?

En el punto más álgido de su actividad E.T.A. solía exigir a algunos empresarios vascos o españoles el pago de lo que se llamó el “impuesto revolucionario”. Recuerdo con que encono criticaban los medios españoles esa actitud que calificaban, acertadamente, como chantaje: esforzados empresarios que trabajaban en aras del bien común, se veían amenazados y hostigados por etarras que les exigían dinero a cambio de “protección”. Era y es ilegal financiar una organización delictiva pero ¿se acusaba a los empresarios de colaboración con banda armada? Raramente y solo cuando persistían en no cooperar con la justicia ya que, lógicamente, la inmensa mayoría de los que accedían al chantaje lo hacían forzados por las amenazas y no de grado.

Los “papeles de Bárcenas” parecen mostrar que algunos sufridos empresarios, especialmente constructores, han padecido una coacción similar. Todo parece indicar que en este país para ser beneficiario de adjudicaciones de obras públicas o recalificaciones de terreno había que “pasar por caja”. Llevan descubriéndose escándalos de este tipo desde hace ya muchos años, escándalos que afectan a los más importantes partidos del arco parlamentario, sin embargo, la ciudadanía no se percata de que la exigencia de donaciones a partidos para obtener adjudicaciones y tratos favorables en poco se diferencia de la exigencia etarra del “impuesto revolucionario”. ¿Podemos decir, por tanto, que los partidos políticos son E.T.A.?

Algunos creen que los empresarios, banqueros, constructores, etc. que “donaron” a los partidos son parte del entramado mafioso. Es una manera de verlo. También podemos pensar que estos afanosos emprendedores no tuvieron más remedio que acceder al chantaje de los partidos; si las adjudicaciones o favores se hubiesen repartido con justicia estoy seguro que muchos de ellos habrían recibido lo mismo que recibieron a cambio de sus donaciones; pero como fueron presionados y se les amenazó con no adjudicárseles, lo que por méritos propios se merecían, se vieron forzados a ceder y pagar a estas mafias. ¿Qué podrían haber hecho los chantajeados si para seguir manteniendo su actividad, los políticos les exigían no solo donaciones sino que “colocasen” a tal o cual inepto en los consejos de administración de sus empresas o entidades bancarias? Ellos preocupados por el bien de sus trabajadores y de la ciudadanía no tuvieron más remedio que claudicar ante los políticos, por tanto no veo la necesidad de ensañarnos con ellos si colaboran con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos.

Pero la colaboración es vital. Del mismo modo que podemos sospechar que un empresario que pagaba el “impuesto revolucionario” a E.T.A.  y no colaboraba con la justicia pertenecía o simpatizaba con la organización armada; es legítimo pensar que los “donantes” a partidos que se nieguen a colaborar con los tribunales son parte de la trama corrupta. ¿Víctimas o colaboradores necesarios en la estafa? Estoy seguro que hay jueces que están haciendo el esfuerzo de percibir a los donantes como damnificados y valoran desde esta perspectiva su colaboración. Si no se produce esa colaboración quizás haya que reconceptualizar a los donantes como cómplices e imputarles actividades delictivas como evasión de impuesto y capitales, tráfico de influencias, financiación ilegal... Por contra, si demuestran con su cooperación interés en esclarecer la verdad y desean mostrarse ante la sociedad como víctimas de una trama de corrupción, quizás los jueces estén demasiado ocupados para investigar otras “travesuras” y olvidos de estos prohombres que han sido víctimas de una extorsión institucionalizada.

El próximo 25 de abril se pretende realizar una acción de asedio al congreso de los diputados. Estas movilizaciones tienen la principal virtud de señalar claramente a los gestores y responsables de la estafa que sufrimos como sociedad. Tengo esperanzas en que esta acción o una similar ponga fin al sistema político que nos niega derechos humanos básicos y que actúa de espaldas a la inmensa mayoría de la población.

El lema bajo el que se coordina esta acción, “Asedia el congreso”, no puede ser más acertado; el año anterior se intentó ser conciliador y de “Toma el congreso” se pasó a “Rodea el congreso”. Intentar aunar conciliando es un error en este caso, no porque sea malo en sí mismo intentar acercar posturas sino porque la situación desesperada de muchos ciudadanos no exige paños calientes, palabrería o medias tintas sino acción y resultados concretos. Más apoyo tendrán estas acciones cuanto más clara y rotundamente denuncien la mentira de este sistema y la lacra partidocrática que lo mantiene.

Se pasa por alto, cuando se comenta esta acción, que si bien es cierto que el objetivo principal es “liberar” al congreso, las acciones secundarias no son menos importantes para alcanzar los objetivos propuestos. Literalmente en la web que promociona este evento se invita a los participantes a “Acciones libres de dispersión que afecten al poder establecido”. Estas acciones “secundarias” son las más prometedoras estratégicamente hablando. Porque ¿cuántas posibilidades hay de que se llegue a asaltar el congreso el 25 de abril? Los manifestantes se enfrentarán a unos individuos armados que han recibido formación específica para reprimir al pueblo y que podrán ejercer la violencia con total impunidad; los cuerpos represores están avisados de la acción tanto en fecha como en lugar. Solo contando con una masa numerosa, disciplinada y autoformada en tácticas de guerrilla urbana puede tener éxito el ataque frontal al congreso... pero ¿no es posible otro tipo de ataque?

A eso apuntan las “acciones libres de dispersión”: cuanto más disperso se enfrente el pueblo contra sus enemigos, más posibilidad de éxito tendrá. Los tiranos pueden focalizar sus fuerzas alrededor del congreso, pero ¿pueden estar en todos sitios a la vez? Nosotros sí, somos legión, salimos de las sombras y volvemos a ellas tras haber golpeado. Si esta acción se centraliza, morirá. Pueden proteger sin apenas esfuerzo el congreso, pero ¿pueden proteger las entidades bancarias, las sedes de partidos políticos, las diputaciones, los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos y los demás antros de corrupción que infectan la geografía de este estado? Evidentemente no. La coordinación espontánea y la dispersión serán herramientas claves en el devenir de esta insurrección que cada día parece más necesaria e inevitable.

¿Y una vez tomado un edificio o institución, qué hacer? Las huelgas revolucionarias o las insurrecciones libertarias, que tan frecuentes eran en este estado no hace mucho, nos muestran que tras tomar un edificio hay varias opciones. La más arriesgada es atrincherarse en él a la espera que otros compañeros actúen igual en diversos edificios; tras el atrincheramiento es importante construir barricadas en las calles aledañas y solicitar el apoyo popular para evitar el desalojo. Esta estrategia, más o menos, ha sido la que han seguido algunas comunidades okupas con éxito desigual. Sin embargo, no es esa la única opción que la historia del movimiento insurreccional nos muestra. Hoy en día se desdeña el poder subversivo del fuego purificador; son tiempos “políticamente correctos” en donde la cobardía ha sido rebautizada como “prudencia”. Aún así, no está de más recordar que en ciertas instituciones la mierda llega a tal extremo que difícilmente podría limpiarse, así que, piensan algunos, quizás sea más razonable amontonar la escoria, rociarla con petroleo y hacer que la noche se ilumine con las llamas de un orden basado en la mentira y la explotación.

No voy a dar mi opinión particular sobre la linea de actuación más apropiada, no entro a valorar estrategias de acción porque el movimiento se demuestra andando. Sí expreso, una vez más, mi esperanza en que convocatorias como la del próximo 25 de abril sean puntos de inflexión que pongan fin a la esclavitud política y la pobreza económica que amenazan nuestro futuro y nuestra vida.

imagen extraída de:

http://grupoanarquistasolidarios.blogspot.com.es/2013/01/como-organizar-una-insurreccion.html

España sufrió durante la última década una demencial burbuja inmobiliaria que infló artificialmente el precio de la vivienda. Muchos ciudadanos, inducidos por la necesidad de tener un hogar y por la política económica y fiscal que promocionaba la compra de vivienda en vez del alquiler, se vieron obligados a hipotecarse durante treinta, cuarenta y hasta cincuenta años para adquirir una casa. Cuando la crisis internacional azotó este estado y la burbuja inmobiliaria estalló, muchos hipotecados se quedaron sin trabajo y, por tanto, sin posibilidad de pagar su vivienda. Hoy estas personas y, en muchos casos, también sus familias se ven abocados a perder su hogar e incluso, una vez desahuciados, con la obligación de seguir pagando una hipoteca por un bien que ya no pueden disfrutar. Con un nivel de desempleo en la actualidad de un 26%, desde 2008 se han ejecutado sobre 400.000 desahucios dentro del estado español. Sin embargo, se estima que hay más de 2.500.000 de pisos vacíos zonas urbanas y 1.300.000 en construcción.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, junto con otros colectivos, ha propuesto una serie de medidas para paliar el sufrimiento de aquellas familias que se ven en riesgo de perder, no solo su casa, sino su patrimonio presente y futuro. A través de una iniciativa legislativa popular que ha recogido más de un millón cuatrocientas mil firmas, la PAH plantea cosas tan razonables como que quién no pueda pagar la hipoteca de un piso, pierda el piso pero deje de tener deuda alguna con el banco. La iniciativa también defiende la paralización de los desahucios en pisos que son la única residencia de los inquilinos y la posibilidad de establecer un mecanismo de “alquiler social” para aquellas personas que no pueden ejercer su derecho a la vivienda por cuestiones económicas.

Cabe preguntarse si esta ley debe aprobarse o si es una norma que solo beneficia a los afectados por las hipotecas y no al resto de la ciudadanía. He leído a alguno que sostiene que si los hipotecados hubieran sido más prudentes a la hora de contratar esas hipotecas, no se habrían visto en tal situación. Se olvidan estos agudos defensores del inmovilismo que estas personas se hipotecaron para adquirir una vivienda no un bien de lujo ¿acaso no tiene un trabajador derecho a un hogar? Por otra parte, estoy plenamente convencido de que si los bancos hubiesen ofertado hipotecas menos draconianas o informado a los clientes de las cláusulas abusivas, los hipotecados hubieran tomado decisiones muy distintas a las que tomaron. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de la actual situación, los trabajadores que desearon adquirir una vivienda o los bancos y políticos que espolearon la burbuja inmobiliaria para su enriquecimiento desmedido? De igual modo que, por ejemplo, en la edad media se especulaba con el precio del pan, hoy se especula con el precio de la vivienda. El alimento y el cobijo son necesidades perentorias de todo ser vivo, si se incrementa desmesuradamente el precio de la comida o de la vivienda ¿qué haremos, dejar de comer o irnos a vivir debajo de un puente?

El verdadero miedo que provoca la aprobación de esta ley no es la ley misma que solamente pretende garantizar un derecho básico de todo ciudadano: el derecho a la vivienda. Lo que se teme son las consecuencias de tal aprobación en el precio de los cientos de miles de pisos y casas sin vender. La economía española es, en buena medida, un decorado de cartón piedra, sostenido durante lustros por una política económica basada en el ladrillo y no en la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad. Si se aprueba la dación en pago y se fomenta el alquiler social, muchos hipotecados querrán cancelar o renegociar sus hipotecas o ser beneficiarios de los alquileres sociales. Esto provocaría que, más o menos abruptamente, la vivienda se desvalorizase más de lo que lo está ahora; sin embargo, eso es algo que ocurrirá de un modo u otro pues no podemos negar el hecho de que existen muchas viviendas sin vender y pocos compradores potenciales. En cualquier caso ¿qué consecuencias podría tener todo esto para nuestra maltrecha economía? Sean las que sean no pueden condicionar el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna, máximamente cuando la desvalorización de la vivienda es su hecho constatado y sentido por la inmensa mayoría de la población. Cuando padezcamos esas consecuencias comprenderemos la dimensión de la estafa inmobiliaria que hemos sufrido; parece que solo así empezaremos a exigir responsabilidades a aquellos que se lucraron especulando con nuestros derechos.

imagen extraída de:

http://www.elcrisoldeciudadreal.es/12366/blogs/tontocracia/stop-desahucios/