Límites y necesidad del monopolio legal de la violencia

   Para Max Weber lo característico de las entidades políticas, que hoy denominaríamos Estados, es que ejercen exitosamente sobre un territorio el monopolio de la violencia física legítima. Esta relación tan estrecha que establece Weber entre Estado y violencia no pretende ser una crítica a las entidades políticas sino que manifiesta una verdad y necesidad históricamente corroborables.

Efectivamente, si observamos las pequeñas sociedades preestatales veremos que el uso de la violencia está “democratizado”, al menos entre los varones, ya que en ellas no existe un cuerpo policial ni militar diferenciado y especializado que ejerza la violencia legal sobre súbditos. En las tribus pre-neolíticas todos tienen acceso a las armas y todos los cazadores están dispuestos a usarlas en caso de agresión. Al hacerse más numerosos los grupos humanos y al aparecer la propiedad, el sistema tribal de administración de la violencia se hace menos eficiente. Por ejemplo, si en una sociedad de agricultores-ganaderos alguien roba una gallina a su vecino ¿qué castigo debemos imponerle? Para el que ha sufrido el robo quizás el castigo correcto sea matar al ladrón o cortarle la mano ya que así asegura su propiedad ante nuevos robos; aquel que ha robado la gallina seguro que piensa que tal castigo es excesivo y que lo justo sería que devolviera la gallina más una determinada indemnización. ¿Cuál castigo es el correcto? Para evitar el conflicto las sociedades humanas establecen tanto las normas que tipifican los delitos y las penas como un cuerpo de ciudadanos que se encargarán de aplicar los castigos. Si todo esto no estuviera codificado, cada cual aplicaría el castigo según su criterio y poder, generándose una guerra de todos contra todos en la que el más fuerte castigaría según su capricho y no sería nunca castigado. Tal situación lleva a la disolución del cuerpo social que quedaría transformado en una agregación de bandas que luchan entre sí.

Podríamos idealizar la vida de las sociedades preestatales o soñar en un grupo humano en el que no fuera necesario el uso de la violencia; estos sueños de la razón parten de un utopismo antropológico algo ingenuo. Si los seres humanos fuéramos teletubbies podríamos pensar que una sociedad sin violencia sería posible, pero en tanto que los hombres y mujeres sigamos siendo animales sujetos a fuertes instintos tal idealizada ensoñación será inviable. Afortunadamente, me atrevería a decir.

Es, por tanto, necesario un cuerpo de ciudadanos que al servicio del colectivo ejecuten la violencia que es asumida como legítima por el grupo. Si en un pueblo no existe tal fuerza colectiva y se produce una violación de la ley, la turba enfurecida puede dar cuenta del infractor, y aunque algunos piensen que ese modo de castigo atávico y primitivo es el más natural también es el que más fácilmente cae en el exceso y el error de juicio. Mas, si bien es cierto que sería difícil la concordia social si los ciudadanos no cediésemos al colectivo parte de nuestra capacidad para ejercer la violencia; también lo es que las estructuras de poder a las que hemos transferido esa capacidad han cometido crímenes y abusos de todo tipo sobre los ciudadanos propios o de otros estados. La guerra, la invasión de nuestra intimidad, la tortura, etc. son típicos abusos que han sido y son perpetrados bajo la excusa de que tal violencia está legitimada al provenir del estado. Nada más falso.

Si un ciudadano renuncia a ejercer violencia contra un ofensor lo hace para evitar conflictos y propiciar el entendimiento ciudadano. Acatamos el castigo que dictamina un juez porque entendemos que si nos tomamos la justicia por nuestra mano seríamos, fácilmente, parciales en nuestro juicio. Un ciudadano no renuncia a su capacidad de ejercer violencia para sufrirla o para armar a sicarios que vayan en su contra; si tal cosa sucediera o si los poderosos pretendieran ejercer la violencia sin la vigilancia de la ley, el ciudadano particular recobraría su libertad natural para la legítima defensa y podría oponerse al estado con sus propias armas. Pues, como se ha dicho, nadie renuncia a su capacidad de defenderse para ser agredido sino para evitar conflictividad social; cuando el estado utiliza la violencia, precisamente, para debilitar y oprimir a los ciudadanos de los que dimana su poder, pierde legitimidad y su violencia puede y debe ser contrarrestada proporcionalmente por la propia ciudadanía.

Max Weber; El político y el científico, [PDF]